COLUMNISTA
DR.
JORGE H. SARMIENTO GARCÍA | | Es incuestionable que, tras la caída del nazismo y del comunismo (no del marxismo, que no ha sido desechado realmente como ideología y como filosofía, siendo no pocos los que estiman el ocaso de los regímenes comunistas como un perjuicio, lamentándose su pérdida), muchas naciones han puesto sus esperanzas en la democracia, sistema en que la vida social se regula primordialmente por las leyes que establecen los parlamentos, quienes ejercen por principio la función legislativa. Los parlamentos elaboran las normas que regulan el comportamiento de los habitantes, particularmente en las diversas esferas de la vida social, dado que cada sector de ésta requiere una legislación específica para desarrollarse adecuadamente. Así las cosas, se requiere que los legisladores sean inteligentes y no “pillos” (pícaro, bajo, ruin, doloso, falto de honra y vergüenza), desde que la función legislativa constituye la atribución más importante de cualquier clase de poder y, en consecuencia, del político. Lo primero que ha de proponerse a los miembros de la sociedad política, ha de ser señalar las normas generales a que tienen que ajustarse para conducirse con acierto en relación con la marcha y desarrollo histórico de dicha sociedad; y tanto en el orden colectivo como en el individual, la función rectora incumbe a nuestra facultad intelectiva. Por la primacía específica de la inteligencia, que nace de la estructura misma de nuestra naturaleza de animales racionales, la ley no puede estar nunca sometida a los dictámenes del arbitrio o del capricho del pillo, privando de este modo al orden político de todo principio rector conocido por la inteligencia, con lo que queda entregado -con toda su grandeza y proyecciones- a los vaivenes de individuos dispuestos a cualquier tipo de aberración, en vez de guiarse por una inteligencia habilitada para captar los valores humanos eternos. Recalcaba Juan Pablo Magno que cualquier texto legal, por pequeño que sea, merece el máximo de vigilancia, prudencia y equidad, y esto en cada etapa de su elaboración: preparación en comisiones, proposición, introducción de enmiendas, discusión y voto; y enfatizaba que en todo ello está en juego el bien común, y que las repercusiones, inmediatas o a largo plazo, serán siempre importantes, ya se trate de una justa distribución de beneficios o de obligaciones, de proyectos educativos, o de las mismas costumbres en lo que se refiere a la conducta moral, pudiendo los mismos parlamentarios constatar que cuando se permite legalmente algo que es malo moralmente se produce en seguida una confusión en las conciencias y una degradación en las costumbres ... . |
