Ha destacado el Presidente de la ASIER, doctor Ariño Ortiz, que este año la regulación económica ofrece ricos e interesantes matices a nuestra consideración, dado que sectores como el de la energía, las telecomunicaciones, el agua o el audiovisual, están siendo objeto de actuaciones específicas, en buena medida provocadas por la crisis mundial, y que algunos problemas clásicos de nuestra disciplina, como el de la independencia de los reguladores o la internacionalización de la regulación, han sido una vez más replanteados a la vista del brete, concluyendo en que no cabe duda de que estamos viviendo “tiempos interesantes”.
Lo manifestado por el distinguido profesor y los temas que nos reúnen, nos dan pie para sintetizar algunas ideas -no originales- que esperamos puedan ser de utilidad en el desarrollo de las materias de estas Jornadas, pues nuestros “tiempos interesantes” exigen aplicar, a nuestro juicio, los grandes principios de la economía de mercado, especialmente los de regulación, subsidiariedad, solidaridad y competencia.
En la economía referida las primeras incumbencias estatales son garantizar la libertad -con responsabilidad-, además de un sistema monetario estable y servicios públicos y sociales eficientes.
La economía de mercado trata de erigir una sociedad auténticamente democrática, con un sistema económico que reconoce lo positivo de la libre creatividad humana en el sector de la economía, pero que al mismo tiempo indica que ésta -y, por ende, la propiedad, la empresa y el mercado- ha de estar orientada hacia el bien común, lo que exige la oportuna intervención de las fuerzas sociales y, subsidiariamente, del Estado.
Y el bien común, auténtico fin del Estado, también afirma una prudencial ayuda estatal para la realización de los derechos, buscando el perfeccionamiento de las personas en su dimensión material, intelectual y espiritual, es decir, de todos los hombres y de todo el hombre.
Mas esa intervención debe desenvolverse conforme al principio de subsidiariedad, respetando particularmente el Estado la autonomía de los individuos y asociaciones intermedias, pero -en su justa medida- protegiendo, estimulando, coordinando, e inclusive supliendo.
En consecuencia, la economía en trato se opone tanto a la estatización de los medios de producción, que reduce al individuo a una pieza en el engranaje de la máquina estatal, como a una concepción del Estado que deja la esfera de la economía totalmente fuera del propio campo de interés y de acción.
Por eso, en una auténtica economía de mercado el Estado puede llegar -ponderadamente y por estrictas razones de bien común, sin pillerías- hasta sustituir a los particulares en el empleo de ciertos bienes productivos y en la gestión de ciertos servicios, para asegurar el rendimiento suficiente de esos bienes o servicios; pero ha de administrar los rubros respectivos contribuyendo al mismo tiempo, activamente, a facilitar la capacitación del sector privado, para que este último pueda hacerse cargo de aquéllos, aunque es frecuente que una vez que la sociedad política asume temporalmente una actividad propia de la esfera particular, tiende a no devolverla a ésta, por creer los gobernantes que ha de disminuir su poder de decisión futuro, marginando que el respeto pleno del principio de subsidiariedad es la mayor garantía de la estabilidad política.
Por otra parte, debe el Estado intervenir según el principio de solidaridad, conforme al cual los individuos, cuanto más indefensos están en la sociedad, tanto más necesitan el apoyo y el cuidado de los demás, en particular, la intervención de la autoridad pública. Es que la justicia sin caridad es insuficiente en el orden social, y la caridad supone a la justicia, porque no está destinada a reemplazarla hipócritamente -cohonestando la injusticia- sino a llevarla a su plenitud.
Se ha dicho con razón que en el mundo actual la pobreza tiene como causa principal la exclusión del ámbito de la productividad y del intercambio, habiéndose exhortado a pensar en los pobres en términos de potencial, exigiendo la justicia que ese potencial que tienen reciba la oportunidad de ser aprovechado; también, que en la sociedad libre, es la cultura la principal responsable de fomentar la confianza en el potencial humano de los pobres y, por consiguiente, en su capacidad de mejorar mediante el trabajo, o de realizar una contribución positiva a la prosperidad económica, con lo cual a todas luces se excluye cualquier sistema de ayuda social que fomente la dependencia, el clientelismo, la demagogia…
Obviamente, lo que llevamos expuesto implica la descalificación del denominado “Estado asistencial”, el cual, no respetando el principio de subsidiariedad, provoca el aumento exagerado de los aparatos públicos, sin preocupación de servir a las personas, con enorme crecimiento de gastos, pérdida de energía humana, etc. Y también se opone al que se ha denominado “capitalismo autoritario”, en el que el gobierno fija no sólo las reglas de juego, sino también los márgenes de ganancia, perdiendo su empresa el productor que enfrenta al poder.
En cuanto a la competencia, aunque fundamental, creemos que no constituye un lenitivo inexorable para todos los males económicos, sociales y políticos, como también que ella necesita, para cumplir su ordenación al bien común, ética de responsabilidad y regulación estatal.
Bien se ha destacado que la empresa privada con competencia libre es un “pluralismo de poder”, aunque debiendo concurrir para esto la personalidad del empresario con su responsabilidad primaria, sus capacidades empresariales, su temple y su voluntad de servicio, cualidades que hace falta acrecentar y defender para que una economía moderna tenga éxito.
Por lo demás, políticamente una empresa privada diseminada significa siempre un poder también disperso.
Y podemos afirmar sin hesitación que sin empresa privada y sin competencia, todos y todo se hallan sometidos al monopolio económico y político del Estado, con lo que se vacía la democracia, que implica, en contraposición a tal monopolio, también un pluralismo de poder.
En orden al bien común, entonces, pensamos se debe concretar lo que postula Cassagne, esto es, que el par de principios de competencia y subsidiariedad introduzcan un límite general al ejercicio del poder regulatorio, en el sentido de que no puede utilizarse para cercenar las libertades de la auténtica economía de mercado, sino en el marco de las técnicas de equilibrio que tienden a garantizar la eficiencia de las prestaciones -que incluye una razonable rentabilidad- y la competencia cuando se dan las condiciones para la afluencia de varios prestadores, así como el interés de los usuarios, el cual incluye, por aplicación del principio de solidaridad, la posibilidad de consagrar una tarifa social.
Mas nada de esto se logrará sin una dirigencia verdaderamente virtuosa, convencida de que “la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona…, que se funda en la creación del hombre ´a imagen de Dios`, algo que comporta la inviolable dignidad de la persona humana, así como el valor trascendente de las normas morales naturales”.
